La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026‑2030, aprobada esta semana en Consejo de Ministros a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), sitúa la equidad energética, la eficiencia en los hogares vulnerables y la protección social como ejes centrales de la política energética española para los próximos años. La Estrategia persigue tres objetivos: mejorar el conocimiento del fenómeno, reforzar la protección directa de los consumidores en situación de vulnerabilidad y desplegar medidas estructurales que reduzcan de forma permanente las necesidades energéticas de los hogares con menos recursos. Para ello se articulan cuatro ejes de actuación y 13 medidas, de las que seis se consideran prioritarias y condicionan la evaluación del cumplimiento global del plan.
El documento parte de un diagnóstico detallado de la pobreza energética en España, de la experiencia acumulada entre 2019 y 2024 y de un sólido anclaje en la normativa europea sobre eficiencia energética, rehabilitación de edificios y protección de consumidores vulnerables.
El texto insiste en que la lucha contra la pobreza energética debe dejar de ser una respuesta meramente asistencial ante emergencias para convertirse en una política de transformación del parque residencial, de refuerzo de derechos de los consumidores y de coordinación interadministrativa. Todo ello, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023‑2030, el Plan Social para el Clima y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024‑2030.
Contexto, datos clave y evolución de la pobreza energética
El documento arranca con un balance del periodo 2018‑2024, que, pese a un contexto adverso, la evaluación oficial refleja mejoras significativas en renta disponible y en carga energética para los hogares con menos ingresos. Entre 2018 y 2024, la renta media nacional en precios corrientes creció un 28,5%, pasando de 16.937 a 21.759 euros, con una inflación acumulada del 19,6%. En los dos deciles de renta más baja los avances fueron aún mayores: la renta media anual aumentó un 41,9% en el primer decil y un 37,1% en el segundo.
En paralelo, el gasto energético medio por hogar se redujo un 3,5% en el conjunto de la población, pero la caída fue mucho más intensa entre los hogares más vulnerables: un 24,7% menos de gasto para el primer decil de renta y un 10,2% para el segundo. Esto permite afirmar que en 2024 los consumidores vulnerables disponen de más renta y afrontan menores costes energéticos que en 2018, evitando un deterioro mucho más acusado que el que se habría producido sin el paquete de medidas desplegado.
Pese a estos avances, el informe subraya que persisten colectivos con dificultades para cubrir sus necesidades energéticas básicas. La Estrategia asume la nueva definición europea de pobreza energética recogida en la Directiva (UE) 2023/1791: se considera que existe pobreza energética cuando un hogar no puede acceder a servicios energéticos esenciales (calefacción, refrigeración, agua caliente, iluminación y uso de electrodomésticos básicos) que garanticen niveles dignos de vida y salud, por factores combinados como ingresos insuficientes, precios inasumibles, consumo elevado y baja eficiencia de la vivienda.
Este enfoque multidimensional obliga a mirar más allá de la temperatura en invierno, incorporando también la refrigeración en verano, la calidad del edificio, la dependencia de equipos médicos eléctricos y la exposición continuada a condiciones térmicas inadecuadas. La Estrategia enlaza, además, la pobreza energética con la salud, la brecha de género y los impactos crecientes del cambio climático sobre olas de calor, islas de calor urbanas y episodios extremos.
En el contexto europeo, el texto integra las obligaciones de priorizar a personas en pobreza energética dentro de los sistemas de eficiencia energética. España fija en un 12,35% la parte del ahorro acumulado de energía final que debe destinarse específicamente a estos colectivos, de acuerdo con el PNIEC y la Directiva 2023/1791. También incorpora las exigencias de la Directiva 2024/1275, que obliga a incluir indicadores de pobreza energética en los planes nacionales de renovación y a orientar financiación hacia viviendas sociales y hogares vulnerables.
En el plano nacional, la ENPE 2026‑2030 se alinea con planes como el de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan Estatal de Vivienda 2022‑2025 y el futuro 2026‑2030, la Estrategia de rehabilitación energética de edificios y la Agenda Urbana Española. Se remarca el papel del Estado en la regulación básica del sistema energético (artículo 149 de la Constitución), y el de las comunidades autónomas y entidades locales en asistencia social, vivienda, protección de consumidores y urbanismo.
Pobreza energética y protección de los consumidores
La ENPE 2026-2030 se plantea como un instrumento integral para reducir la vulnerabilidad energética y garantizar el acceso equitativo a la energía en condiciones de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando y concretando la actuación sobre aquellos pilares identificados como críticos. La Estrategia se organiza en cuatro grandes ejes de actuación y 13 medidas, pero establece un enfoque novedoso: se considerará cumplida si se ejecutan con éxito seis medidas prioritarias, agrupadas de forma coherente con los cuatro ejes. Este diseño persigue concentrar recursos y capacidad administrativa en actuaciones con impacto directo o indirecto sobre la vida de los consumidores vulnerables.
El Eje I se centra en la caracterización de la pobreza energética. La medida clave es la creación del Observatorio Nacional de Pobreza Energética (OPE), alojado en el entorno del Miteco y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El OPE tendrá un plan de trabajo específico, actualizará y publicará periódicamente indicadores, convocará al menos un laboratorio ciudadano al año y articulará una red de colaboradores (“Comunidad OPE”). También aportará evidencia sobre fenómenos emergentes como la pobreza energética estival y facilitará datos para el diseño de políticas.
El Eje II se orienta a la protección de los consumidores. Incluye medidas para reforzar la garantía de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes (desarrollando procedimientos de interrupción más garantistas, mecanismos específicos de protección y condicionantes para evitar cortes sin asistencia disponible), para acotar el impacto de refacturaciones imprevistas sobre hogares con poca capacidad de absorción de costes, y para mejorar la protección en la contratación, prohibiendo llamadas comerciales no solicitadas y reforzando los derechos de reclamación y la transparencia en la información.
La medida prioritaria de este eje es la de Cerrar la brecha de cobertura del bono social. El texto constata un importante fenómeno de ‘non take‑up’ (brecha de cobertura en el caso del bono social): según el estudio ‘Diagnóstico de la pobreza energética en España’ del IDAE, menos de la mitad de los hogares del panel que cumplían requisitos se beneficiaban efectivamente del bono social eléctrico. Se identifican como barreras principales la carga documental, limitaciones socioeducativas, falta de acompañamiento en los trámites y problemas de titularidad del contrato cuando el suministro no está a nombre del hogar que soporta el gasto.
Frente a ello, la Estrategia plantea facilitar el acceso —simplificando trámites, reforzando el acompañamiento y analizando el papel de cooperativas eléctricas y comunidades energéticas—, revisar los criterios para asegurar que el bono social llegue a quienes lo necesitan y restringirlo para rentas altas, proteger a los beneficiarios frente a cláusulas contractuales que puedan hacerles perder la ayuda o penalizar cambios al PVPC, y adaptar todo el sistema a la normativa de protección de datos. También se prevé incrementar el límite de consumo bonificable para personas electrodependientes, previo estudio técnico.
Condiciones energéticas de las viviendas y sensibilización
El Eje III aborda la mejora estructural de las condiciones energéticas de las viviendas. Parte de la constatación de que las políticas eficaces a medio y largo plazo pasan por reducir de manera permanente la demanda energética y mejorar la habitabilidad, no solo por subvencionar la factura. Aquí se enmarcan la atención a la pobreza energética verano/invierno en el contexto de la emergencia climática, los proyectos piloto de rehabilitación exprés en hogares vulnerables severos, la integración prioritaria de familias vulnerables en los programas de rehabilitación integral y el impulso de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo como herramienta de inclusión.
Entre las medidas destacadas figuran la medida que financiará intervenciones exprés en viviendas (mejoras en fachadas, cubiertas, carpinterías, protección solar e iluminación, junto con asesoramiento), y la medida que busca reducir demanda y consumo, mejorar el confort y fomentar la generación renovable y redes de calor/frío en edificios donde residen familias vulnerables. A esto se suma otra medida que crea el Certificado de Ahorro Energético Social (CAE social), con factores multiplicadores para actuaciones en hogares vulnerables y el objetivo de que, al menos, un 12,35% de los ahorros de energía acreditados en el sistema de CAE procedan de este tipo de intervenciones.
El Eje IV se centra en la coordinación, información y sensibilización. Destaca una medida que propone mecanismos estables de coordinación interadministrativa, integrando normas estatales, autonómicas y municipales y difundiendo buenas prácticas; esta coordinación se canalizará a través de conferencias sectoriales, grupos de trabajo y espacios compartidos de información. Otra medida destacada crea el programa RED‑Actúa, destinado a apoyar la creación y continuidad de oficinas de asesoramiento energético —fijas o itinerantes— orientadas a consumidores en pobreza energética, muchas de ellas evolucionando a partir de Oficinas de Transformación Comunitaria u otras ventanillas únicas.
Estas oficinas ofrecerán formación, acompañamiento en la tramitación de ayudas, apoyo a comunidades energéticas y campañas de sensibilización sobre uso eficiente de la energía. La última medida completa el eje impulsando la detección de situaciones de pobreza energética desde la atención primaria de salud y los servicios sociales, mediante cribados específicos, materiales formativos y coordinación sociosanitaria, incorporando la dimensión de la pobreza energética en la historia de salud digital.
Gobernanza y seguimiento de la ENPE 2026-2030
En materia de gobernanza, la ENPE 2026‑2030 prevé un modelo basado en la participación continuada. Diversidad de actores han contribuido a la consulta pública previa —particulares, asociaciones civiles, ONG, empresas energéticas, administraciones, universidades y sindicatos—. La Estrategia se acompaña de una Mesa Social de Pobreza Energética, reuniones anuales de coordinación interadministrativa y laboratorios ciudadanos periódicos.
Para el seguimiento se establecen dos hitos temporales: un informe intermedio cuantitativo antes del 31 de diciembre de 2028, publicado a través del OPE, y una evaluación final al término de la vigencia de la Estrategia, que analizará la implementación de los cuatro ejes y su impacto sobre los indicadores de pobreza energética. Estos ejercicios deberán apoyarse en fuentes estadísticas oficiales, informes específicos del Observatorio y datos procedentes de administraciones, sector energético y Tercer Sector.
En suma, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026‑2030 consolida el cambio de paradigma iniciado en 2019: combina escudo social y reformas de mercado con un esfuerzo decidido en rehabilitación, autoconsumo, protección jurídica y coordinación institucional. El Miteco destaca que el éxito del plan dependerá en buena medida de la capacidad para cerrar la brecha de acceso al bono social, extender las intervenciones de eficiencia energética y rehabilitación a los hogares vulnerables y asegurar una gobernanza basada en evidencia, coordinación interadministrativa y participación ciudadana, a través del Observatorio Nacional de Pobreza Energética, laboratorios ciudadanos y mesas de trabajo.