Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TEC) considera que la apuesta de la UE por las comunidades energéticas avanza con retraso debido a obstáculos técnicos y jurídicos. Se esperaba que los ciudadanos, las autoridades locales y las pequeñas empresas de toda la UE produjeran, gestionaran, compartieran y consumieran cada vez más su propia energía a través de comunidades energéticas. Casi una década después de este planteamiento, los auditores de la UE señalan que el progreso está por debajo de las expectativas y para ello, piden normas claras, mayores incentivos para los ciudadanos y los hogares vulnerables, y más apoyo para el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía.
Las comunidades energéticas son estructuras legales que permiten a particulares, autoridades locales y pequeñas empresas organizarse para generar, gestionar, compartir y utilizar energía. En la práctica, pueden adoptar fórmulas como instalaciones solares en cubiertas compartidas o aerogeneradores de propiedad conjunta para abastecer a un barrio o a un municipio. Estas iniciativas pueden optar a financiación europea por valor de miles de millones de euros.
Comunidades energéticas en la UE
La UE había previsto que en 2030 las comunidades energéticas representaran una parte significativa de la capacidad eólica y solar europea, con cuotas del 17% y del 21%, respectivamente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo sostiene que esa previsión fue demasiado optimista y apunta como una de las causas principales al número insuficiente de comunidades energéticas existentes en el conjunto de la UE.
Uno de los objetivos europeos establecía que, para 2025, todos los municipios de más de 10.000 habitantes debían contar con al menos una comunidad energética basada en renovables. La Comisión Europea todavía no ha informado sobre el grado de cumplimiento de esa meta, pero los datos recopilados por los auditores indican que la UE, en términos generales, no la ha alcanzado.
El informe ‘Comunidades energéticas: potencial aún por explotar‘ atribuye parte del problema a la falta de claridad en las definiciones europeas. Esa indefinición, señala, genera dudas sobre qué puede considerarse exactamente una comunidad energética, cómo debe organizarse, de qué forma puede compartirse la electricidad generada y bajo qué condiciones puede venderse el excedente.
Para los auditores, esa incertidumbre normativa puede desincentivar la participación ciudadana y dificultar la creación de nuevas comunidades. La situación resulta especialmente compleja en los edificios de viviendas, donde reside cerca de la mitad de la población de la UE, ya que constituir una nueva entidad jurídica además de las comunidades de propietarios existentes puede percibirse como una carga administrativa adicional.
El desarrollo de estos proyectos también se ve frenado por retrasos o negativas en la conexión de nuevas instalaciones debido a la congestión de la red. A ello se suma el desajuste entre los patrones de generación y consumo: los paneles solares concentran gran parte de su producción hacia el mediodía, mientras que la demanda doméstica suele alcanzar sus picos a primera hora de la mañana y por la tarde.
El Tribunal de Cuentas Europeo indica que combinar nuevos proyectos renovables con servicios flexibles, especialmente almacenamiento energético, ayudaría a equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda, reducir la presión sobre la red y aumentar el autoconsumo de electricidad generada localmente. No obstante, el informe señala que la Comisión Europea todavía no ha dado prioridad al apoyo al almacenamiento para estas comunidades.
Recomendaciones
Las recomendaciones del informe abordan el conjunto de deficiencias observadas. Así, recomienda acelerar el acceso a la producción, el intercambio y la venta de energía renovable en apartamentos; y diseñar objetivos smart para las comunidades energéticas y reflejarlos en los planes nacionales de energía y clima.
También se recomienda mejorar el registro y el seguimiento de las comunidades energéticas, realizar un informe sobre la evaluación de las barreras y el potencial para el desarrollo de comunidades de energía renovable, promover el papel de los ciudadanos y los hogares vulnerables, así como incentivar el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía.