El sector renovable, un clamor ante la nueva regulación eléctrica.

Todas las organizaciones que representan el sector de las energías renovables en España han manifestado en esta semana su disconformidad con las medidas que se están adoptando y que está previsto aprobar por parte del Ejecutivo para reformar el sistema energético. Todos denuncian la situación y argumentan los motivos de su rechazo.

APPA denuncia una grave discriminación hacia las renovables

Las medidas aprobadas y adelantadas por el ministro Soria en los medios de comunicación, resultan claramente discriminatorias para las energías renovables para la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA. Estas tecnologías, que soportan recortes retroactivos a su producción desde el año 2010 por la que existen numerosas reclamaciones judiciales, nacionales e internacionales, verán aumentados sus gravámenes hasta una situación absolutamente insostenible.

Según las filtraciones que han llegado a los medios de comunicación, las tasas impuestas a las energías renovables del régimen especial son claramente discriminatorias respecto a las establecidas para el régimen ordinario. Estas tasas adicionales para los proyectos recientes con alto grado de apalancamiento, supondrán un grave perjuicio económico que, sumado a los recortes retroactivos de 2010, llevará a la quiebra a numerosas empresas.

Nucleares y grandes hidráulicas, según las palabras del ministro Soria, aumentarían la vida útil en diez y veinte años respectivamente a cambio de las tasas impuestas, lo que supone un mínimo de 60.000 millones de euros de facturación para las empresas propietarias en este tiempo. Este volumen de negocio excede ampliamente los recortes anunciados para estas tecnologías.

Aquellos proyectos renovables que se hayan financiado según la modalidad de project finance otorgan al propietario la posibilidad de devolverlos a la entidad financiadora por lo que, con las nuevas tasas contempladas por Industria, los proyectos con pérdidas podrían agravar los problemas de financiación de la banca española.

Las medidas barajadas no resuelven los graves problemas de nuestro sistema eléctrico: alta dependencia de las importaciones, sistema de tarifas opaco, falta de competencia,… y vuelven a dejar de manifiesto las políticas improvisadas que han caracterizado al Ministerio de Industria desde hace años.

Las recomendaciones realizadas a finales de mayo por el Consejo Europeo a nuestro país, en las que señalaba los excesos retributivos a nucleares y grandes hidráulicas y la falta de competencia como origen del déficit tarifario, no han calado en el Ministerio, dado que el ministro Soria sigue culpando injustificadamente a las renovables de la creación del déficit tarifario en sus declaraciones. El Consejo Europeo señalaba en su comunicación que la actual moratoria a las energías renovables impediría a España alcanzar sus objetivos vinculantes para 2020 y mantendría una dependencia energética de las importaciones muy superior a la media europea.

José Miguel Villarig, presidente de APPA, ha valorado muy negativamente las medidas de la nueva regulación filtradas a los medios, “estamos en contra de nuevos gravámenes a las energías renovables que, en todo caso, debería aplicarse sobre los beneficios obtenidos. La nueva regulación beneficia claramente a aquellas centrales que ya están amortizadas y condenan definitivamente al sector renovable. No era suficiente con una moratoria a las energías renovables, condenando nuestro futuro, sino que también se contemplan gravámenes adicionales a los recortes retroactivos, acabando con nuestro presente”. “El discurso del ministro parece ignorar que en el año 2008, cuando las primas comienzan a tener importancia, el déficit tarifario ya superaba los 15.000 millones de euros”, ha concluido Villarig.

UNEF apoya aplicar medidas fiscales siempre que no sean discriminatorias

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) apoya al Gobierno en su idea de aplicar medidas fiscales para solucionar el problema del déficit de tarifa eléctrica, siempre que no sean discriminatorias. Entre éstas, se podría aplicar un gravamen lineal a la generación o sobre los beneficios –la célebre tasa Robin Hood–, de acuerdo con las prácticas de otros países de nuestro entorno, como Italia.

En todo caso, UNEF recuerda que la fotovoltaica ya soporta más del 60% del ajuste aplicado a todo el sector eléctrico por el anterior Ejecutivo con el Real Decreto-Ley 14/2010. Según los datos del propio Gobierno, la aplicación de esa norma conlleva una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 inclusive –unos 2.200 millones de euros– más una reducción del 10% durante el resto de años de vida útil de las instalaciones.

Como resultado del RD-L 14/10, la inmensa mayoría de las instalaciones solares ingresan lo justo para devolver los créditos –en no pocas ocasiones, tras acometer refinanciaciones– o dan pérdidas hasta 2014. La aplicación de medidas de ajuste adicional, fiscales o de otro tipo, condenaría al sector a la insolvencia.

El sector fotovoltaico español está dispuesto a asumir cargas tributarias, siempre que no sean discriminatorias y siempre que se tenga en cuenta que el sector ya sufre la aplicación del RD-L 14/10, que debería ser derogado aprovechando la promulgación de la nueva regulación.

El sector fotovoltaico entiende que debe hacer sacrificios para sacar el país de la difícil situación en que se encuentra, pero su sacrificio debe ser equitativo al que haga el resto del sector eléctrico al que pertenece.

UNEF está dispuesta a colaborar en cuanto sea necesario para eliminar el déficit de tarifa desde la equidad, la transparencia, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica.

La eólica denuncia que las medidas que baraja el Gobierno son de dudosa legalidad

Por su parte La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha asegurado que usará todas las vías legales a su alcance para luchar por su supervivencia, que entiende amenazada ante la presunta intención del Gobierno de establecer un tributo que grave la producción de energía eólica.

Según datos de la patronal del sector, el impacto económico de un impuesto semejante se elevaría a 3.000 M€, además de reducir "la rentabilidad de los parques un 30%" y provocar que "alrededor del 15% de las instalaciones en marcha" no pueda hacer frente al pago del servicio de la deuda desde el primer momento. Además, también habría de considerarse que el nuevo gravamen podría solaparse con el Impuesto sobre Electricidad y diversos impuestos autonómicos de carácter medioambiental que ya pesan sobre la generación eléctrica.

“La tasa del 11% que se está planteando sobre la facturación del sector sólo se entiende si alguien ha hecho mal los números y se ha equivocado”, ha declarado su presidenta, Rocío Sicre, en una rueda de prensa convocada para dar a conocer su postura. Todo esto supondría "ir contra la Ley del Sector Eléctrico, que deja muy claro que ha de respetarse el principio de rentabilidad razonable. Atentaría contra la seguridad jurídica, porque supone romper las reglas del juego a mitad de partido. Y supondría la quiebra definitiva de la confianza de los inversores, nacionales e internacionales, por lo que aumentaría el riesgo país”, indicó Sicre.

Siempre según la AEE, España está entre los países europeos en los que la eólica soporta una mayor carga fiscal, ya que a los impuestos comunes a las demás tecnologías (como son los estatales y los municipales), hay que añadir los cánones que se aplican en algunas comunidades autónomas. “El sector eólico ya ha hecho sacrificios en el pasado, y puede seguir haciéndolos siempre que sean justos y consensuados”, ha señalado Sicre.

La presidenta ha hecho hincapié en que España necesita más que nunca sectores productivos y creadores de empleo que impulsen la salida de la crisis económica y cambien el modelo económico del país de cara al futuro. “El sector eólico es un modelo: ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos, es un referente a nivel mundial, crea riqueza y empleo, reduce las importaciones de combustibles fósiles, exporta tecnología y es la imagen tecnológica de España".

Protermosolar contra el nuevo impuesto a la generación eléctrica

La asociación empresarial Protermosolar de igual forma, ha expresado su "total rechazo" a la forma en que el Gobierno está planteando la reforma energética y muestra su "enorme preocupación" con la posible creación de un impuesto a la generación eléctrica, cuya aplicación sería "desproporcionado, discriminatorio y posiblemente inconstitucional".

La medida es discriminatoria porque grava el mismo hecho, la generación eléctrica, con tipos impositivos diferentes, lo que a su vez la convierte en anticonstitucional, advirtió Protermosolar.

Además, los porcentajes que se aplican para cada tecnología son "desproporcionados" y conllevan una "discriminación" en contra de las energías limpias, lo que va "directamente contra los principios que defiende la Unión Europea" y contra el principio de "quien contamina paga", evocado por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló.

Protermosolar también denunció que las eléctricas pueden trasladar las tasas aplicadas al régimen ordinario a los precios del "pool" sin que las mismas afecten a sus cuentas de resultados, lo que no pueden hacer los promotores del régimen especial.

La asociación consideró la medida "manifiestamente retroactiva", ya que, al aplicarse sobre la facturación, y no sobre los beneficios, su aplicación "tendría el mismo efecto que una reducción de la retribución".

De esta forma, se vulneraría el principio de rentabilidad razonable, se provocaría el "descrédito del país ante inversores extranjeros y nacionales", se daría razones para la litigiosidad y se dañaría el principio de no confiscatoriedad.

Junto a esto, advirtió de que la medida dañaría a las entidades financieras, que deberán aumentar sus provisiones o, incluso, asumir un mayor volumen de proyectos fallidos con sus activos asociados, con el consiguiente efecto de disminución del crédito tan necesario para la reactivación de nuestra economía.

Protermosolar consideró especialmente relevante este último aspecto, ya que las entidades financieras tienen una exposición al sector termosolar superior a los 10.000 millones de euros. "Una bajada del 13% en la retribución a la energía termosolar, como la que se ha anunciado, pondría en peligro la viabilidad de las centrales construidas tan recientemente y el empleo a ellas asociado", añadió.

La asociación propuso como medida alternativa una tasa homogénea a la generación por megavatio hora. Adicionalmente, podría estudiarse la conveniencia de posponer hasta 2014 el plazo para la eliminación total del déficit tarifario.

La Fundación Renovables califica de suicida la política energética del Gobierno

Para terminar, en un documento titulado “Y, sin embargo, el futuro es renovable”, la Fundación Renovables reclama a los poderes públicos que sigan la hoja de ruta europea y a la sociedad que se movilice. Así mismo se afirma que las medidas anunciadas por el Gobierno supondrán el abandono definitivo y la ruina del modelo de renovables en España.

Ante las informaciones y anuncios efectuados por el Presidente del Gobierno y el Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre una nueva fiscalidad energética y la incertidumbre originada por los repetidos anuncios y aplazamientos de medidas que podrían suponer el abandono definitivo y la ruina del modelo de renovables en España, la Fundación Renovables advierte que dichas medidas representan la apuesta por una política energética suicida y reitera la urgencia y la necesidad de dar un nuevo impulso al desarrollo de las energías renovables como instrumento de reactivación económica, protección del medioambiente, creación de empleo y mejora de la competitividad. La Fundación Renovables cree que es el momento del inconformismo ante un modelo energético como el actual, injusto y que hipoteca gravemente a las futuras generaciones y expresa ese inconformismo ante la tasa que se anuncia para las tecnologías renovables por numerosas razones que desarrolla en este análisis de la situación y entre las que cabe destacar las siguientes:

Ante esta situación la Fundación Renovables reclama a todos los poderes públicos que se cambie el modelo energético siguiendo la hoja de ruta de la Unión Europea hacia una economía basada en el mayor consumo de energías renovables y en la eliminación de las emisiones de CO2 como fundamento de una economía competitiva, adoptando una serie de medidas como restaurar la independencia de los organismos reguladores de la energía, modificar todos los mecanismos que impiden la competencia y la transparencia y todos aquellos costes regulados que encubren subvenciones a las fuentes fósiles y la nuclear, así como la trasposición completa y cumplimiento de las directivas europeas de renovables y eficiencia energética y hacer del ahorro de energía y de la reducción de emisiones de CO2 un factor de competitividad de la economía. El documento concluye con una llamada a la movilización de la Sociedad.

 
 
Patrocinio Plata
Patrocinio Bronce
Salir de la versión móvil