El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de Ley para compartir el beneficio del coste de CO2 entre todos los consumidores y así reducir la factura eléctrica.
El anteproyecto de Ley propuesto por el Miteco pretende corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión y actuar así sobre el encarecimiento de la factura eléctrica que se está produciendo en las últimas semanas como consecuencia de la alta cotización de los derechos de emisión en el mercado comunitario.
El 90% de lo recaudado por la minoración se destinará a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables, reduciendo los cargos que pagan los consumidores, y el 10% restante se dirigirá a las políticas de lucha contra la pobreza energética mediante transferencias a las administraciones públicas para atender el suministro de los consumidores vulnerables.
Se estima que el mecanismo permitirá reducir los precios finales de la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria. Esta recaudación permitirá financiar el 50% de la factura de más de 350.000 hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que son los consumidores cuyo suministro es financiado en un mínimo de un 50% por las administraciones públicas y el 50% restante forma parte del bono social que financian las empresas comercializadoras.
Instalaciones anteriores a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión
El anteproyecto de Ley regula la minoración de la retribución de las instalaciones no emisoras en territorio peninsular que iniciaron su puesta en servicio antes de la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión en 2005, ya que las decisiones de inversión de estas centrales no contaban con el efecto de estos dividendos en su retribución para garantizar su viabilidad al determinarse con anterioridad a la existencia de este mecanismo.
Por el contrario, la propuesta no afecta a las instalaciones que cuentan con un marco retributivo regulado, a las que se acogen a las subastas, a ninguna iniciativa de inversión presente o futura ni a las instalaciones de menos de 10 MW.
Según las estimaciones realizadas, la medida afectará a unos 85 TWh al año, de los que un 67% corresponde a generación nuclear, un 29% a hidráulica y menos de un 5% a generación eólica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará y notificará el importe de minoración para cada instalación. La cuantía correspondiente se abonará trimestralmente a esta entidad y el procedimiento establece una metodología precisa del importe de la retribución del CO2 no emitido.
En línea con el marco normativo nacional y comunitario
Esta medida se plantea para corregir una situación estructural del mercado eléctrico español, en el que todas las tecnologías de generación que se ofrecen reciben la retribución que marca el precio de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda, la tecnología marginal. En numerosas horas del año, el precio marginal lo marcan los ciclos combinados de gas natural, que repercuten en el coste del CO2 que tienen que asumir en el mercado de derechos de emisión. Esto hace que la retribución sea más elevada, superior a los costes de generación de las tecnologías no emisoras, lo que conlleva facturas eléctricas elevadas para los consumidores.
Este mecanismo, alineado con el marco normativo nacional y comunitario, fomentará la electrificación de la economía mediante el descenso del precio de la factura, contribuirá a proteger a los colectivos más vulnerables, así como favorecerá la descarbonización.