Gran Canaria aprueba las ayudas para instalar energía fotovoltaica en las azoteas de viviendas y empresas

Instalación de placas solares fotovoltaicas en la azotea de un edificio frente al Cabildo.

El Comité Ejecutivo del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el fomento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en viviendas, empresas y entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio de 2022. El objetivo es impulsar el cambio de modelo energético con una apuesta por la generación distribuida y el autoconsumo.

La instalación a subvencionar, tanto en viviendas como en empresas, deberá cubrir al menos el 80% del consumo para garantizar que conlleve una disminución real del uso de energía procedente de otras fuentes.

En concreto, dedicará 713.949,45 euros este año de los que 588.949,45 irán destinados al impulso del autoconsumo en viviendas o comunidades de vecinos y 125.000 euros para empresas y entidades sin ánimo de lucro.

Estas ayudas se destinan a instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico tanto individual, por personas físicas propietarias de viviendas o comunidades de propietarios sobre las zonas comunes de las viviendas, como colectivo, por agrupaciones de propietarios de viviendas. También se destinan a su utilización por parte de microempresas y pequeñas empresas, así como por entidades y organizaciones privadas sin ánimo de lucro.

Cuantía de las subvenciones para instalaciones fotovoltaicas

La cantidad a subvencionar por cada punto de suministro (CUPS) será de un euro por vatio de potencia nominal hasta un máximo de 3.000 euros por cada CUPS. En el caso de las empresas, la cantidad a subvencionar será de 80 céntimos por vatio hasta un máximo de 4.000 euros.

Esta convocatoria vuelve a incorporar el autoconsumo compartido, que permite agrupar los consumos de las viviendas de uno o varios edificios que estén en un rango de 500 metros con una sola solicitud.

La instalación a subvencionar, tanto en viviendas como en empresas, deberá cubrir al menos el 80% del consumo para garantizar que conlleve una disminución real del uso de energía procedente de otras fuentes.

 
 
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