El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas urgentes en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas para amortiguar de forma inmediata el impacto sobre hogares y empresas y acelerar la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de manera estructural. El plan moviliza 5.046 millones de euros y tendrá, en su mayor parte, vigencia hasta el 30 de junio de 2026. El Ministerio de Hacienda ha propuesto varias medidas de carácter fiscal en ámbitos como la electricidad, la eficiencia energética o determinadas figuras tributarias con las que los ciudadanos notarán una rebaja considerable de los impuestos. En vigencia desde este domingo tras su publicación el día anterior en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será el próximo jueves cuando el Congreso dictamine su convalidación.
Se prevé que el Real Decreto-ley beneficie a los 3 millones de empresas y a los 20 millones de hogares del país. El plan integral de respuesta incluye dos grandes ejes: uno primero de carácter coyuntural para levantar un escudo social para proteger a los hogares y sectores económicos más expuestos, y un segundo de naturaleza más estructural y estratégica, con medidas orientadas a impulsar la soberanía energética. Para complementar todas estas medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo real decreto-ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler.
Factura eléctrica e IVA
En cuanto a las medidas coyunturales, se bajarán los impuestos sobre la electricidad hasta un 60%. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. Se baja el IVA al 10% y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea, lo que se traducirá en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante.
En la factura eléctrica, el IVA se reducirá también al 10% para el consumo energético de los hogares, con un impacto estimado de 539,1 millones de euros. La medida se aplicará a contratos de hasta 10 kW, lo que abarca a casi todos los hogares, incluidos los que reciben bono social o cuentan con reconocimiento de vulnerabilidad severa u otras situaciones vigentes para luchar contra la pobreza energética.
Junto a ello, el Impuesto Especial sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%, y se suspende de forma temporal el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, con un impacto de 450 millones. En materia tributaria, también se prevén deducciones de hasta el 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, siempre que se matriculen antes del 31 de diciembre de 2026 y no estén ligados a una actividad económica.
El decreto incorpora además libertad de amortización en 2026 en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética, incluyendo puntos de recarga y la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable. Se recuperan asimismo deducciones en el IRPF del 20%, 40% o 60% para obras de rehabilitación que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración.
También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.
Bono social eléctrico y suministros básicos
El paquete de medidas prorroga para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
También se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. Igualmente, se flexibilizan por ley los contratos de suministro energético, permitiendo que tanto empresas como autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.
Entre la batería de acciones para impulsar la descarbonización, la electrificación de hogares e industria y la aceleración del despliegue de renovables y almacenamiento, destaca la entrada en vigor de un paquete masivo de deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.
Así, la norma refuerza el autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 km la distancia máxima entre la generación y el consumo, o habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas. También incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico, e impulso a las renovables con atención a criterios de integración social y territorial.