La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética entra en fase de consulta pública previa

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética entra en fase de consulta pública previa

El Gobierno continúa con la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Una estrategia a la que se comprometió cuando aprobó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, de 5 de octubre.

La consulta se estructura en cuatro cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética.

Así, desde el pasado miércoles, y hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en su web un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que se analizarán y se tendrán en cuenta para enriquecer la Estrategia y convertirla en un reflejo de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética.

Cuatro preguntas

La consulta se estructura a través de cuatro cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la Estrategia. Otra de las preguntas que se plantea es si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto. Además, se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética.

Por último, se ofrece también la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Los últimos datos disponibles arrojan la cifra de 1.436.268 solicitudes completas recibidas, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

 
 
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