En el contexto actual de precios récord de la luz, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para reducir la factura mensual un 22% hasta final de año. Entre otras cuestiones, el paquete de medidas adoptado en la normativa incluye la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad desde el 5,1% hasta el 0,5%, y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación.
El Real Decreto-ley también plantea aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir los costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio de este año, y minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.
Para ello se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono, ahora en tramitación en el Congreso. Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, según los cálculos del Gobierno, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.
Suministro Mínimo Vital
Por otro lado, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes -diez en total-, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort.
También se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4%, en lugar del 28%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.
Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. El Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año.
Medidas aprobadas en junio
Todas estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad. El Ejecutivo rebajó hace tres meses el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros de hasta 10 kW, y suspendió el Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre.
Desde el mes de junio, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha crecido un 80%, alcanzando unos niveles nunca vistos. Considerando que los desajustes entre oferta y demanda en el mercado global del gas permanecerán durante los próximos meses, el Gobierno ha aprobado una batería de medidas extraordinarias con aplicación inmediata para prevenir y amortiguar el impacto de los costes energéticos sobre los consumidores.
Estas medidas se añaden a los dos proyectos de Ley que el Ejecutivo ha remitido a las cortes para su aprobación, y para los que el Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes su tramitación por la vía de urgencia. El primero crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que redistribuirá entre todos los vectores energéticos el coste de las renovables históricas; y el segundo actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Según el Gobierno, su completa aplicación reducirá la factura final de los hogares en más de un 15%.