La lucha contra la pobreza energética ha conseguido poner de acuerdo al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Las tres fuerzas políticas han firmado un acuerdo para establecer un sistema bien definido para limitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No obstante, aún hay que esperar una tramitación reglamentaria que articule el procedimiento para evitar los cortes.
El Grupo Popular ha emitido un comunicado en el que afirma que se aprobará un Real Decreto con el objetivo de clarificar la financiación del bono social que quedó en entredicho por una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que se busca financiar el bono social correctamente. Así, el texto normativo posibilita que el bono social se aplique y que parte de este se dedique a evitar los cortes de suministro de electricidad.
Las competencias en este asunto corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, por lo que será durante la tramitación reglamentaria de la norma cuando de manera consensuada con todos ellos se articulará el procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables y la mejora de las prácticas de comercialización.
Durante ese periodo, que durará tres meses, se tendrá en cuenta a Bruselas, a los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado.
Esta medida vendrá a mejorar las ayudas que ya existen para los consumidores en situación de especial vulnerabilidad: en la actualidad hay 2,6 millones de hogares como consumidores vulnerables que reciben un descuento en la factura del 25%. De todos ellos, un porcentaje menor son consumidores extremadamente vulnerables que cuentan con atención de los Servicios Sociales municipales o autonómicos.