Hasta el 15 de septiembre está abierto el trámite de audiencia e información pública publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. El Real Decreto establece el reporte de indicadores en materia de energía y sostenibilidad, el consumo de energía y su procedencia, el tipo de refrigerantes usados, o indicadores como la eficacia en el uso de los distintos recursos, entre otros.
La Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética identifica que dentro de la Unión Europea, los centros de datos representaban el 2,7% de la demanda de electricidad en 2018 y, si la trayectoria actual se mantiene, alcanzarían el 3,21% en 2030. La Estrategia Digital Europea pone en relieve la necesidad de lograr centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 y la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 establecen la promoción de un marco regulatorio que impulse la instalación sostenible de centros de procesamiento de datos.
En el marco de la Directiva relativa a la eficiencia energética, se establece que, para promover el desarrollo sostenible de las TIC, en particular de los centros de datos, los Estados miembros deben exigir la recogida y publicación de datos que sean pertinentes para el rendimiento energético, la huella hídrica y la flexibilidad de la demanda de los centros de datos.
Así, el artículo 12 de la citada directiva busca establecer unas bases mínimas para impulsar un marco normativo que desarrolle actuaciones dirigidas a promover la eficiencia energética en el sector de los centros de datos. La finalidad que se pretende lograr es que éstos sean altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles, así como adoptar medidas de transparencia en cuanto a la huella ambiental de los operadores de centros de datos.
Además, el artículo 33 de la directiva otorga a la Comisión Europea poderes para adoptar actos delegados a fin de completar dicha directiva mediante el establecimiento de un régimen común para evaluar la sostenibilidad de los centros de datos situados en su territorio, previa consulta a las partes interesadas pertinentes. En virtud de ello se publicó el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.
Eficiencia energética y sostenibilidad
Con todo lo anterior, el Real Decreto establece el reporte de indicadores en materia de energía y sostenibilidad, que abarcan la superficie ocupada por el centro de datos, el consumo de energía y su procedencia (incluyendo en qué medida procede de fuentes renovables), la contribución de los centros de datos a la resiliencia del sistema eléctrico, el consumo de agua (en términos globales y, en concreto, de agua potable), el tipo de refrigerantes usados, o indicadores como la eficacia en el uso de los distintos recursos. Asimismo, se establece el reporte de datos de impacto socioeconómico de los proyectos.
Este Real Decreto establece que los titulares de centros de datos deberán remitir información de cómo tienen en cuenta las medidas, actuaciones y criterios contenidos en el citado código de conducta. Asimismo, se establece la obligación de demostrar que los centros de datos proyectados se incluyen entre el 15% de mejores prestaciones en lo que se refiere a los distintos indicadores, en particular los relacionados con el consumo de electricidad y agua.
Por último, se dispone que los Estados miembros deben velar porque los centros de datos utilicen el calor residual u otras aplicaciones de recuperación de calor residual, cuando ello resulte viable. Así, el calor producido por los centros de datos podría alimentar a redes de calor que permitan la climatización de barrios o municipios cercanos a los centros de datos, o proporcionar calor a industrias u otras actividades cercanas. Por ello, este Real Decreto regula la citada obligación, así como la metodología del análisis coste-beneficio que debe realizarse. Finalmente, se establece que el cumplimiento de los criterios anteriores son necesarios para poder acceder a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
El plazo para presentar documentación al trámite de audiencia e información pública está abierto hasta el 15 de septiembre, debiendo remitirse a través de un formulario web.